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Con un puño cerrado y la otra mano extendida. Al menos discursivamente, esa es la estrategia adoptada por el gobierno de La Habana frente al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha profundizado la crisis energética y ha forzado a más de la mitad de la isla a sufrir apagones diarios en el servicio eléctrico.
Este lunes 23 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Bruno Rodríguez, optó por esa fórmula retórica frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: a la vez le aseguró al gigante norteamericano que se “defenderá con vigor y coraje” pero que “también hay disposición para un diálogo”.
En Ginebra, el canciller cubano denunció lo que cataloga de “castigo colectivo” de Estados Unidos, “que se propone crear una catástrofe humanitaria mediante un cerco energético”, en referencia a la amenaza de Washington de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.
“¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (…) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?” se preguntó Rodríguez.
No obstante, si bien reconoció que las acciones estadounidenses provocarán “privaciones y sufrimientos” en Cuba, confió en que idearán “soluciones creativas” para mitigar el daño.
Al mismo tiempo, Rodríguez defendió la posibilidad de negociaciones con Washington basado en “el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos”, con el objetivo de “alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación”.
En Segmento de Alto Nivel del Consejo de #DDHH de las Naciones Unidas, denuncié el castigo colectivo al pueblo cubano que pretende imponer el gobierno de EEUU con su orden ejecutiva, y que se propone crear una catástrofe humanitaria mediante un cerco energético.
Reafirmé el… pic.twitter.com/g5j37UL3hm
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 23, 2026
Previamente, en otra presentación ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, Rodríguez había rechazado la etiqueta de “amenaza extraordinaria” a su seguridad nacional que Estados Unidos usó para justificar el bloqueo petrolero.
“Cuba no amenaza a Estados Unidos ni a ningún otro país”, insistió el jefe de la diplomacia cubana, y subrayó que su país no aplica “políticas con abiertos propósitos de dominación, ni es el país que despliega fuerzas militares y viola la soberanía e integridad territorial de otros estados”.
“Permanecer impasibles ante estas pretensiones de imponer una tiranía global pone en riesgo a todos los estados sin excepción”, sentenció.
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El 53% de la isla sufrirá apagones simultáneos este lunes
Mientras el gobierno de La Habana plantea sus posiciones en foros internacionales, los habitantes de la isla están a la espera de soluciones a una crisis energética que les ha acostumbrado a los cortes diarios de la electricidad.
Según los datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), en el momento de mayor demanda energética de este lunes 23 de febrero, el 53% de la isla se quedará sin corriente. En ese momento, sobre la tarde-noche, se prevé una capacidad de generación de 1.500 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.150 MW.
El déficit será entonces de 1.650 MW y, para evitar apagones desordenador, la UNE desconectará 1.680 MW.
Esta realidad –que tuvo su pico con el apagón del 63% del país el 31 de enero pasado– es resultado de la combinación de una crisis energética profunda que Cuba arrastra desde mediados de 2024 –aunque el sector está infrafinanciado de manera crónica– y del asedio petrolero que Estados Unidos aplica desde enero.
Mientras el Gobierno cubano intenta subsistir sin crudo del exterior y produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas porque 8 de sus 16 unidades de producción termoeléctrica –responsables de alrededor de un 40% del mix energético de Cuba– están fuera de servicio por averías o mantenimientos y la llamada generación distribuida por motores –a cargo de otro 40% de la energía– está paralizada desde hace cuatro semanas por el bloqueo petrolero.
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Rubio viaja al Caribe y busca un frente común contra Cuba y Venezuela
En medio de su avanzada en Venezuela y Cuba, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio participará este miércoles 25 de febrero en la cumbre de la Comunidad Caribeña (CARICOM) que se celebra esta semana en San Cristóbal y Nieves, una pequeña nación insular.
Según señaló este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio defenderá ante los líderes caribeños las prioridades del gobierno de Donald Trump sobre seguridad regional y medidas contra la inmigración y el narcotráfico.
“Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los Estados miembros de CARICOM para fortalecer la estabilidad y la prosperidad en nuestro hemisferio”, declaró el vocero.
During his trip @SecRubio will engage with Caribbean leaders to advance shared priorities, including strengthening regional security, deepening cooperation to combat illegal immigration and illicit trafficking, and promoting economic growth, health, and energy security across the… pic.twitter.com/fIbZranRif
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) February 23, 2026
El eco que tendrá su mensaje es incierto. La mayoría de los países caribeños han evitado muestras públicas de respaldo a las acciones de Estados Unidos, como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero pasado o el bloqueo petrolero impuesto a Cuba.
Apenas Trinidad y Tobago ha brindado apoyo logístico para el ataque estadounidense en Venezuela y los bombardeos que realiza desde septiembre contra presuntas ‘narcolanchas’ en el Caribe y el Pacífico.
Mientras para varios de sus vecinos caribeños, Venezuela es vista desde hace años como una fuente de inestabilidad por el éxodo de venezolanos a raíz de la profunda crisis económica y política, Cuba mantiene relaciones de larga data con muchos de los integrantes de CARICOM.
En la retina queda cómo el año pasado, en la cumbre en Jamaica, el grueso de los países de la Comunidad Caribeña ignoró el pedido de Rubio de prescindir de los médicos cubanos, un programa que es fuente clave de divisas para La Habana.
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El Supremo de EE. UU. evalúa pedidos de compensación de ExxonMobil y empresas de cruceros a Cuba
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos escucha dos casos sobre el alcance de una ley que permite a empresas estadounidenses reclamar compensación por propiedades confiscadas por Cuba, causas que involucran a la petrolera ExxonMobil y a cuatro operadores de crucero.
En concreto, el máximo tribunal atiende argumentos consecutivos en dos expedientes ligados a la Ley Helms-Burton de 1996, que, en su llamado Título III, permitía demandar en la justicia estadounidense a aquellos que “traficaran” con propiedades confiscadas por el gobierno comunista tras la revolución de 1959 y el ascenso al poder de Fidel Castro.
Por un lado, ExxonMobil exige más de mil millones de dólares en compensación a entidades estatales cubanas por los activos de petróleo y gas de la compañía, confiscados por Cuba en 1960.
En tanto, el caso de las empresas de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises se centra en si esas firmas deberían ser responsables por haber utilizados entre 2016 y 2019 muelles construidos por otra compañía estadounidense, Havana Docks, propiedades también incautadas por el ejecutivo comunista de Cuba en 1960.
Aunque ambos casos se centran en cuestiones jurídicas distintas, la cuestión de fondo que plantean es cuán eficaz resultó la Ley Helms-Burton y, en particular, el Título III. Esa disposición estuvo suspendida 23 años por tres presidentes que hicieron uso de la disposición para impedir las demandas por razones de “seguridad nacional”. Así buscaban evitar conflictos diplomáticos con aliados como Canadá y España, cuyas empresas han invertido en Cuba.
Sin embargo, en 2019, durante su primer mandato, Trump levantó dicha suspensión, a lo que siguieron una oleada de unas 40 demandas presentadas en 2019 y 2020.
Los jueces nunca antes han interpretado el Título III y la Corte Suprema se enfrenta a la posibilidad de eliminar las barreras que enfrentan los demandantes para interponer demandas amparadas por la ley.
Con EFE, Reuters y AFP
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